Gerardo Hernández Nordelo y Adriana Pérez O’Connor pudieran celebrar juntos este 15 de julio su aniversario 20 de boda, pero el imperio no quiere, llevan 10 años sin verse, y aún se aman como el primer día.
El Gobierno le niega la visa a Adriana para que visite a su esposo, pero ella sigue luchando sin perder la esperanza, y junto a ella, el pueblo cubano y todos los comités por la liberación de los Cinco que existen en el orbe.
Free the Five (Comité Nacional de los Estados Unidos por la Liberación de los Cinco) acaba de lanzar una campaña, vía internet, para que se reclame al Fiscal General de los EE.UU. el otorgamiento de visas a Adriana Pérez y a Olga Salanueva Arango, esposa de René González Sehwerert, para que puedan visitar a sus respectivos esposos.
Los que no hayan recibido el mensaje, podrán enviar su carta al sitio del comité por la libertad de los Cinco: http://www.freethefive.org o a la dirección electrónica info@freethefive.org.
Además, el Comité exhorta a escribir al secretario del Departamento de Seguridad, Michael Chertoff, a la dirección postal siguiente: U.S. Department of Homeland Security, Washington, DC 20528, y a la secretaria de Estado, Condoleeza Rice, a 2201 C Street NW, Washington, DC 20520.
A continuación el texto íntegro de la Declaración del Parlamento Cubano a favor de los Cinco:
Cuando el 9 de agosto de 2005, el Panel de 3 jueces de la Cote de Apelaciones de Atlanta, determinó unánimemente revocar las condenas y ordenar un nuevo juicio para los Cinco Antiterroristas cubanos presos en cárceles de Estados Unidos, al consdierar que Miami no era una sede aceptable para juzgarlos, parecía que al fin el sistema judicial norteamericano haría justicia en este largo proceso lleno de arbitrariedades y manipulación.
Un año después el Pleno de la Corte, en inédito veredicto en la historia judicial norteamericana, fallón en contra del dictamen de sus tres jueces, validó el juicio celebrado en Miami y remitió de nuesvo el caso al Panel pra considerar el resto de los asuntos impugnados por la defensa. Luego de 22 meses de espera, el pasado 4 de junio, el Panel de tres jueces, rechazó casi todos los argumentos de apelación alegando que los mismos carecían de mérito y ratificó los veredictos de culpabilidad de los cinco antiterroristas cubanos y dos sentencias, las de René González (15 años) y Gerardo Hernández(dos cadenas perpetuas más 15 años). Asimismo, anuló tres de las sentencias: la de Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), Antonio Guerrero (cadena perpetua más 10 años) y Fernando González (19años) enviándolas a la Corte de Miami para que sean revisadas por la misma jueza, Joan Lenard, que impuso las desmesuradas penas que ahora la corte superior declara contrarias a la ley.
Al indicar errores en las sentencias del cargo de “conspiración para cometer espionaje” los jueces reconocieron, después de 10 años, lo que el propio Gobierno al inicio del proceso había reconocido a través de su Secretaria de Defensa: que no había nada en la información obtenida por los Cinco que tuviera carácter secreto ni afectara la seguridad nacional de Estados Unidos. La decisión 2-1de ratificar la condena a Gerardo Hernández por el cargo de “conspiración paa cometer asesinato2 ignora lo confesado por la Fiscalía durante el juicio y ante la Corte de Apelaciones al admitir que no había podido demostrar ese cargo y que “ a la luz de las pruebas presentadas” ello constituída un “obstáculo insuperable” que debería conducir al fracaso de la acusación.
La jueza Kravitch en opinión discrepante se opuso en el Panel a la ratificación de este cargo considerando que el Gobierno no había presentado evidencia alguna para fundar su acusación. La decisión de 99 páginas fue redactada,a por el juez, William Pryor, designado por la Cote para formar parte del Panel en el 2007, quien con un lenguaje plagado de prejuicios anti-cubanos favorece explícitamente la posición del Gobierno e incuso cmbia hechos mencionados por ese mismo Panel en su decisión anterior a favor de los acusados y manipula otros que forman parte del expediente del caso.
El nombramieno de Pryor como Juez Federal por el Presidente Bush fue altamente controversial por sus posiciones de ultraderecha y generó denuncias en importantes círculos políticos y de la opinión pública norteamericana, que afirmaron que sus criterios legales extremos y equivocados harían que el nivel federal de justicia tuviera men