Mi amigo honcureño René Velásquez me ha enviado este trabajo de Leticia Salomón, que esclarece muchos aspectos relacionados con el golpe de Estado en Honduras.
Por Leticia Salomón
LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si
deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una
confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los
poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones
más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del
Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General
Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad
establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la
subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido.
La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por
parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso
Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un
atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos
poderes a realizar una consulta ciudadana.
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